Revista Filosofia Hoy sobre pensamiento y filosofía

Las encuestas acreditan la mala imagen que la Administración de justicia tiene entre la población española. Un estudio del CIS de julio, 2010, la refleja: el 71% de los ciudadanos cree que el servicio de justicia funciona poco o nada satisfactoriamente. Solo un 10% de los españoles opina que funciona bien (Metroscopia). Incluso creen que va a peor.
Los propios jueces y magistrados opinan que los avances en este servicio público son mínimos o inexistentes. Casi todo va peor de lo que los ciudadanos idealizan.

Desproporción de expectativas y realidad
■ Para los ciudadanos cuando un litigio jurídico  irrumpe en sus vidas, éste se convierte en un banco de pruebas en el que juzgará  el sagrado sistema de justicia: no hay ningún otro conflicto para el ciudadano más importante que el suyo propio.
■ El ciudadano nunca ha puesto en duda que un mecanismo complejo y cualificado como el de la justicia deje de ser gratuito.
■ La realidad es que los ciudadanos inundan el mecanismo de la justicia con cientos de miles de conflictos nimios, pasionales, que el sistema trata con el mismo protocolo de garantías que si de graves problemas sociales se tratara.
■ El ciudadano en su conflicto no admite otra solución que obtener la sentencia que aplaste a su contrario. Por ello, buena parte de los litigios agotan todas las instancias existentes.
■ El único freno que pone algún límite a la sed de justicia de los ciudadanos es el costo de tramitación procesal que supone la utilización de abogados: es el factor que mejor trabaja a favor de la eficiencia judicial.
■ Los costos de los abogados españoles son más bajos que los de los estadounidenses, británicos, alemanes, etc. Por lo tanto, aún este instrumento de racionalización es de eficacia limitada.
■ La baja productividad española en los diversos ámbitos económicos se reproduce en el sistema de justicia: jueces y ciudadanos desprecian el pragmatismo, la economía de medios. Los ciudadanos no aceptarían simplificaciones en la resolución de sus problemas; los jueces son ejecutores de la praxis profesional obligada.
Nuestra sociedad ha esclerotizado una idea de justicia arcaica, la ha dotado de múltiples garantías, con acceso libre, ilimitado, gratuito. Por lo tanto, su eficiencia en relación con las expectativas de los ciudadanos es muy baja.
En España, el Consejo del Poder Judicial y la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, han elaborado sesudos informes de problemas y posibles soluciones, pero la realidad es esta:
■ Existen de forma permanente en los órganos judiciales más de tres millones de asuntos pendientes.
■ El plazo medio para resolver una demanda en primera instancia es de 300 días, un tiempo solo superado por Italia y Portugal.
■ El esfuerzo presupuestario para atender el gasto en justicia pasó de 68 € por habitante en 2006 a 86,3 € por habitante en 2008, muy por encima de la media europea, tasada en 38,9 € por habitante.
■ ¿Por qué sufrimos esa contradicción entre dotación y resultados? Porque los esfuerzos económicos no se aplican a mejorar la capacidad resolutoria de los conflictos: la tendencia a la improductividad hasta ahora ha salido triunfante.
La justicia es la concepción que cada sociedad adopta para dar a sus miembros normas de relación equitativa con sus semejantes. “La justicia es la constante perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”, definía el Derecho Romano. Y, sin embargo, cada día, el ciudadano entiende que la justicia es sinónimo de despachos atiborrados de legajos, jueces imperfectos, plazos inacabables, argucias para retratar las resoluciones, peritajes falaces, ejecuciones tardías, etc. ❖ FilosofíaHoy